La filosofía de vida independiente pone el foco en el empoderamiento de las personas con discapacidad como medio para que puedan autodeterminar su propio proyecto de vida, en lugar de vivir el que otros han decidido por ellas.

 Aunque cada contexto particular se ha hecho suya esta nueva manera de entender la discapacidad, según la fundadora del Centro Nacional para la Vida Independiente del Reino Unido, Frances Hasler (2003), este enfoque propone que toda persona: 

●      Tiene igual valor

●      Tiene la capacidad y debe tener la posibilidad de tomar decisiones

●      Tiene el derecho de ejercer control sobre su vida

●      Tiene el derecho a participar en todas las actividades políticas, económicas y culturales de su comunidad.

 "El empoderamiento es el proceso por el cual los individuos, los grupos y las comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y alcanzar sus propios objetivos, luchando para maximizar la calidad de sus vidas."

Powell (1990)

Vemos, pues que, desde este enfoque, la capacidad de autodeterminarse no es un atributo del que la persona parte. En cambio, es el resultado de un proceso de reflexión sobre la propia posición como sujeto de derechos y deberes, así como de la generación de una red de recursos que permitirán que la persona pueda decidir efectivamente su curso de acción y ejercer su derecho de participación en la sociedad.

 Sin embargo, esta opción de vida no siempre es fácil: tomar decisiones implica tener responsabilidades, asumir riesgos y gestionar sus consecuencias; y aún es más difícil para un gran número de personas con discapacidad que, bajo el paraguas de los modelos individuales de la discapacidad, no lo han hecho nunca o hace mucho tiempo que dejaron de hacerlo. Además, para lograr una vida independiente se necesitan recursos a los que las personas con discapacidad tienen derecho, si bien actualmente el entorno social no los facilita. Un ejemplo de ello es el derecho a vivir de manera independiente en la comunidad, reconocido por el Artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de obligado cumplimiento en España desde 2008.